Si la ministra González-Sinde firma la Orden que desarrolla la Ley del cine a sabiendas de que viola la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administración, tal y como le ha sido reiterado estos días desde nuestra web "La hemos descubierto. Tiene que dimitir", no solo incurrirá en las responsabilidades administrativas que contempla dicha dicha Ley, sino que traspasaría la frontera de lo lícito para entrar en el terreno penal. O sea, prevaricar. Rel:
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