La juez Mercedes Alaya abre un nuevo frente a la Junta de Andalucía: los consorcios de empleo. La declaración del que fuera director general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, Carlos Cañavate, ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciar una nueva línea de investigación que afecta a estos entes públicos que reciben ayudas millonarias del Gobierno autónomo. El alto cargo, que fue cesado en noviembre por "motivos personales", aseguró el pasado mes de julio a los agentes
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