A partir de mañana, los delitos ya no sólo los cometen las personas físicas sino también las personas jurídicas, que pueden ser condenadas incluso a su disolución o a la ‘muerte civil’ con sanciones económicas de hasta 5.000 euros diarios. Una cantidad que necesariamente les aboca a la ruina. Las empresas serán responsables aun cuando la justicia no haya podido individualizar el delito en una persona física. Sin embargo, el sector público queda al margen de la responsabilidad penal de sus actos. Al contrario que el sector privado.
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