En octubre del año pasado, un grupo de personas afectadas, apoyadas por la PAH, pusieron una denuncia contra la Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada por el Banco Santander y el BNP Paribás, en un 50% cada uno. Les acusaban de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos con sus hipotecas basura o “subprime”. También por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal.
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