Según las investigaciones de la UCO, Grau pudo haber cobrado mordidas de un millón de euros mientras Rubio habría recibido 300.000 euros de la trama por facilitar el derecho de contratación en parcelas de propiedad municipal a empresas constructoras, entre ellas la que pertenecía a Jaume Febrer, Construcciones Valencia Comstitución (CVC), que aunque quedó formalmente disuelta por un juzgado de València en 2013 tras un proceso de liquidación que la mantuvo durante un año en concurso de acreedores, es considerada como el eje central de la trama.
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