Aunque reconocen que el Gallinero es un asentamiento ilegal, solicitaron amparo a las Administraciones para salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes, unas 500 personas repartidas en unas 130 familias, casi todas de origen gitano rumano. "Un Madrid que quiere ser olímpico y una Comunidad que dice ser la suma de todos, no puede hacer oídos sordos a esta situación", señalaron los voluntarios.
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