“Aquí solo puede grabar la prensa”. Lo que para los ciudadanos es un derecho, muchos ayuntamientos no lo tienen por obligación. Un grupo de vecinos de Matillas (Guadalajara) han sido expulsados de dos plenos municipales por intentar grabarlo en vídeo. Desde la agrupación critican que el alcalde, Ignacio Gordon (PP), haya recurrido en ambas ocasiones a la Guardia Civil. Y eso que difundir las sesiones de los parlamentos es un derecho constitucional. En concreto, el artículo 20, que desarrolla el derecho fundamental a la información.
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