Roberto Vázquez Souto, el alcalde popular de Portas desde hace 20 años, trata de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que le acusa de un presunto delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil para evitar una eventual pena de cárcel. Sus abogados pretenden lograr una rebaja de la condena de cuatro años de prisión que solicita el fiscal al mínimo de la pena establecido por ley y que en todo caso evitaría su cumplimiento, al carecer el regidor de antecedentes penales.
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