La Fiscalía General del Estado ha aclarado a la Fiscalía Superior de Andalucía que la agresión a un profesor de un centro privado o concertado o a un médico de un hospital ajeno a la red sanitaria pública no debe considerarse un delito de atentado contra la autoridad. Ni siquiera la gravedad de las agresiones puede dar pie a dicha consideración, toda vez que la Fiscalía del Estado insiste en que sólo la condición de funcionario de la Administración Pública es el factor determinante para calificar el ataque de atentado contra la autoridad.
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