En la actual legislatura la Conferencia Episcopal española ha protagonizado una intervención política permanente de carácter partidista alejada de los comportamientos admitidos en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Los ingentes privilegios económicos y representativos de la Iglesia Católica, heredados del franquismo y poco acordes con la Constitución de 1978, no han impedido sus actitudes prepotentes y agresivas, más propias del papel de esa institución en el Antiguo Régimen que en una sociedad democrática.
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