La proposición de ley –PL– presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos-IU-AV en las Cortes de Castilla y León ya ha hecho historia al convertirse en la primera presentada por la oposición que es admitida a trámite. Modificar la Ley de Publicidad Institucional de 2009 con el objetivo de prohibir la financiación pública de medios de desinformación. Una financiación pública que entre los años 2022 y 2023 adjudicó más de 1,6 millones de euros a ‘panfletos de desinformación’
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Pero quiero recordar que Pablo Fernández no votó en contra de las subvenciones a la tele privada de Ulibarri y Méndez Pozo en su primera legislatura en las Cortes. RTVCyL recibe mas de 21 millones al año de la Junta