Según la organización, los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) cobran las facturas atrasadas de estas administraciones en un tiempo medio de 161 días, por lo que se incumplen los plazos de la ley de Morosidad y de la futura directiva de la Unión Europea, que obliga a pagar en 30 días. Según sus datos, uno de cada cuatro autónomos tarda en cobrar más de un año y solo uno recibe su dinero antes de 90 días cuando trabaja con las administraciones públicas.
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