Un tiempo máximo de espera de treinta días. Las Administraciones tendrán un plazo de un mes, frente a los tres meses que, al menos sobre papel, les concede ahora la legislación para contestar a quienes deseen acceder a información que afecta a un determinado organismo público. Así lo establece el anteproyecto de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado esta mañana y que obliga al Estado, en su acepción más amplia, a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos.
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