Más de doscientos adjudicatarios de viviendas de protección oficial de este futuro barrio de la capital mostraron ayer su «indignación y desamparo» por parte de las administraciones públicas en una asamblea celebrada en el Instituto Juan de Juni. «La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda y la Consejería de Fomento no puedan lavarse la manos porque estamos hablando de suelo público, esto es una vergüenza», recalcan.
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