La Dirección de Adif, el operador público de infraestructuras ferroviarias, ha preferido acudir a los tribunales antes que cumplir la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a proporcionar a los sindicatos información completa sobre los sueldos percibidos por los directivos y el resto de personal de confianza de la compañía no sujetos a convenio, cuyas retribuciones y condiciones laborales son fijadas de forma discrecional por la Dirección y, por tanto, desconocidas para el Comité de Empresa.
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