En un comunicado, la asociación explicó que, tras el estudio de diversos contratos formalizados por la inmobiliaria con compradores de vivienda, se plantean "serias dudas" sobre la existencia efectiva de los avales y seguros que, con el fin de garantizar las cantidades entregadas a cuenta, impone la Ley de Ordenación de la Edificación. Podrían constituir "delitos tipificados" contra los consumidores y ante las que el equipo jurídico de la organización estudia la presentación de una denuncia penal.
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