La participación directa en la democracia es un derecho constitucional incumplido. Varias iniciativas ciudadanas se han puesto en marcha para demandar la participación de la sociedad en la toma de decisiones, desde la presentación de iniciativas legislativas populares, pasando por estudios y análisis que comparan la situación española con la de otros países, hasta peticiones de nuevos sistemas que permitan el voto de los ciudadanos a las normas que se aprueban en el Parlamento.
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