A partir de hoy jueves, acosar a las mujeres en la entrada de las clínicas donde se interrumpe el embarazo o al personal de los centros es en España un delito, que se podrá penalizar con entre tres meses y un año de prisión o entre 31 y 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Así lo señala la ley que entra en vigor, aprobada el pasado día 6 y publicada ayer en el BOE. La ley, que modifica el Código Penal, añade un artículo (172 cuarto) que pena “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”...
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