Que unos ciudadanos quieran informar a sus representantes de sus problemas y estrecheces es algo que equipara a la PAH a una banda terrorista, y son, según el argumentario oficial, delincuentes y acosadores. Si viviéramos en una verdadera democracia que los ciudadanos informaran a los políticos de sus problemas sería lo normal. Si hay una ley en curso de ser aprobada, apoyada por casi un millón y medio de firmas, ¿no es razonable que los que deben votarla escuchen las exigencias y den explicaciones a los afectados por esa ley?
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