La fiscalía le pedía tres años de cárcel por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por haber arrojado piedras a los policías, pero el tribunal no considera demostrado que fuera él, vecino de Castellbisbal, quien arrojó las piedras ni quien amenazó e insultó a los agentes en una entrada del metro de paseo de Gràcia.
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