En todo el debate sobre el aborto hay algo que se viene repitiendo con insistencia: que la reforma que quieren imponernos no es más que un intento de restaurar la legalidad constitucional, que habría quedado rota con la ley de 2010. Así, el sistema de indicaciones de 1985 sería conforme a la Constitución pero el de plazos de 2010 no, por lo que el Gobierno simplemente estaría volviendo al redil constitucional. Este discurso, que va acompañado de la invocación de un supuesto consenso sobre la bondad de la norma de 1985, son simplemente falsas.
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