En una sociedad democrática consolidada no puede ser que una determinada conducta salte de derecho a delito y viceversa cada ocho años, máxime cuando lejos de tratarse de un comportamiento excepcional en un área de convivencia muy específica se refiere a un entorno de decisión tan frecuente, personal y trascendente como es el embarazo, que afecta prioritariamente a un sector de la población determinado por su sexo y en el que manifiesta su interés la sociedad entera.
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