Tres asociaciones representativas de los 4.500 abogados de oficio de Madrid han denunciado este martes que, por decisión del Gobierno regional, no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España, a partir del 16 de febrero. Los nuevos requisitos establecidos por la Comunidad a través de la Comisión de Asistencia Gratuita en la práctica "niegan el derecho a la defensa a estos justiciables".
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