El 11 de febrero de 2015 dos abogados pusieron sus firmas en un recurso de 25 folios dirigido a la Sala Civil del Tribunal Supremo. El escrito, presentado en defensa de Juan Carlos I, era demoledor, tan bueno que la Sala Civil en pleno, que sólo siete días antes había admitido a trámite una demanda de paternidad contra el Rey, cambió radicalmente de opinión. La ciudadana belga Ingrid Sartiau se quedó con las ganas de someter al ex jefe del Estado a la prueba de ADN que había pedido para comprobar si es o no su padre. Caso cerrado.
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