Unas horas antes de la finalización del juicio a Baltasar Garzón, el Consejo General de la Abogacía (CGA) ha difundido un comunicado institucional en el que afirma que "la posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser intervenidas no sólo es inconstitucional, sino que convierte esas actuaciones en un instrumento ilegal de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles".
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