El último recurso de la Abogacía del Estado para frenar la investigación en torno al 8-M no sólo critica a la juez instructora y a los investigadores. Arremete especialmente contra el forense del caso por sostener que las manifestaciones permitidas previas al estado de alarma supusieron una "amplia difusión" del virus. La Abogacía, que actúa en nombre del Gobierno y defiende al delegado del Gobierno en Madrid, acusa al forense de hacer afirmaciones sin "la más absoluta falta de sustento técnico" y basadas "en nada".
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