Baltasar Garzón, quien fuera magistrado de la Audiencia Nacional, fue contratado por BPA, Banca Privada de Andorra (BPA), a finales de 2012. Sus servicios fueron contratados por la entidad, que está intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero, con el objetivo de ayudar a uno de sus clientes. La entidad quería que ayudara a desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate del régimen chavista, multimillonario gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hac
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