Cinco magistrados escucharán los argumentos de las dos partes. Entre los que no quieren salir en Google, hay un funcionario de prisiones que apareció en el Boletín Oficial del Estado en 1996 y 1998 por una sanción disciplinaria y teme que sus datos personales sean obtenidos por terroristas de ETA con una simple búsqueda en internet. En otro caso, el diario El País informó en 1991 de una imprudencia temeraria presuntamente cometida por un ciudadano, que fue absuelto en 1993...
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