Entre los graves delitos que imputan a los acusados, se encuentran el robo de bebes, la privación ilegítima de la libertad y la tortura seguida de muerte, en algunos casos infligidos a centenares de victimas en centros clandestinos de detención. El Ministerio de Justicia de la Nación Argentina ofrece sumas que oscilan entre los 100 mil y los 200 mil pesos en el caso de treinta de estos genocidas prófugos.
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