Un agricultor de Castilla León ha sido condenado a una pena de prisión de seis meses, inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo, multa, pago de indemnización por los daños y perjuicios causados y de las costas procesales, por la reutilización de la semilla obtenida en su explotación agrícola. La Unión de Campesinos de Castilla y León considera desproporcionada la sentencia, contra la que no cabe recurso alguno. Denuncia la criminalización de los agricultores y reivindica el derecho histórico a utilizar sus propias semillas.
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