La conclusión de La Plataforma per la Llengua es que la legislación del Estado español, de manera excepcional, hace un trato discriminatorio hacia el catalán, y que esta lengua es la menos protegida de la Unión Europea si la comparamos con el resto de lenguas con un número similar de hablantes. Los informes, por ejemplo, destacan el trato impositivo desmesurado que aplica el Gobierno español, con al menos 500 leyes que imponen la lengua castellana en nuestro territorio.
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