50.000 dólares (unos 33.000 euros). Ésa era la "indemnización" que las familias de los dos piratas presos en España exigían a cambio de sus parientes. La negociación se llevó por un canal paralelo al que el armador del Alakrana, apoyado por dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), realizaba desde la residencia del embajador español en Nairobi (Kenia) a través de un intermediario.
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