Alrededor de 3.000 compañías dependientes de las tres administraciones acumulaban en el primer trimestre de este año una deuda cercana a 55.000 millones de euros. Espectaculares cifras a las que ha contribuido una desaforada creación de negocios que los políticos se resisten a desmontar por el simple hecho de ser intrumentos clave que utilizan para extender su poder al mundo empresarial y, en ocasiones, con muy poca transparencia.
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