Hasta 250 compañías de alquiler de vehículos que actualmente tienen su sede social y fiscal en las Islas Baleares tienen planificado trasladarse a la península para eludir el pago del nuevo impuesto ‘medioambiental’ del Gobierno Balear de José Ramón Bauzá (PP), que grava con entre 3’5 y 9 euros por vehículo y día.
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