Han pasado 20 años desde la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998. En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa (Boliden) no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.
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