El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha anulado una resolución de octubre de 2019 de la Conselleria de Justicia por estar dictada solo en valenciano cuando la ciudadana que había instado esa resolución se había dirigido siempre en castellano a la Administración. Además, el juez estima el recurso de la demandante en toda su extensión, reconoce su derecho a que se reclasifique su puesto de trabajo e impone el coste de las costas procesales a la Administración, con un tope de 500.000 euros.

El juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, anuló este lunes todas las sentencias de cárcel dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ahora deberá ser juzgado por tribunales federales.

Un juez anula el uso obligatorio de la mascarilla y la prohibición de fumar sin distancia en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. no acepta el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio, incluyendo espacios cerrados privados y domicilios, y sin distinguir edad. Tampoco ratifica que no se permita salidas de residentes de centros sociosanitarios salvo razones de «fuerza mayor», ni la prohibición de fumar en terrazas «independientemente de la distancia», la suspensión de las actividades colectivas de ocio por su carácter genérico

Así consta en una sentencia, a la que ha tenidoo acesso Europa Press, que estima las demandas interpuestas por Greenpeace y el Grupo Socialista de Madrid contra el acuerdo de 27 de junio de 2017 del Ayuntamiento de Madrid por el que, previa avocación de competencias, se establece un período de aviso en relación con el acceso a la zona de bajas emisiones Madrid Central.

Un juez de Barcelona ha anulado el despido de una trabajadora cuando llevaba meses de baja debido a que sufría lupus, una enfermedad autoinmune que se le detectó en 2015 y que en los últimos años le había impedido trabajar en distintas ocasiones. En su sentencia, el titular del juzgado de lo social número 28 de Barcelona estima la demanda presentada por la trabajadora contra la empresa que la despidió, Emergia Contact Center, y obliga a readmitirla y a indemnizarla con 6.521 euros por vulneración de derechos fundamentales.

El magistrado considera que los perfiles académicos tan específicos que se demandaban para las plazas no estaban justificados Sin embargo, considera "curioso" aunque no ilegal que los profesores que obtendrían las plazas fueran los mismos que propusieron los miembros del tribunal que luego les juzgaría

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha anulado varias cláusulas de la hipoteca Tranquilidad, comercializada en 2007 por Banesto —hoy integrado en el Banco Santander—, por abusivas al no ofrecer al cliente la "necesaria comprensibilidad" en cuanto al alcance y los riesgos del contrato.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada ha dejado sin efecto el XIV Congreso Provincial del PP de Granada que se celebró el 20 de mayo del pasado año y en el que Sebastián Pérez salió reelegido como presidente y ha acordado retrotraer el proceso a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación; varios cargos del PP de Granada reconocieron ante el Juzgado, entre otros extremos, que no se revisó que los afiliados estuvieran al corriente de pago de las cuotas para votar..

Argumenta que la "ausencia de una fotografía o grabación" implica la insuficiencia probatoria de la denuncia del empleado de este servicio.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha dictado una sentencia por la que anula la prohibición de los circos con animales aprobada en una moción del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, con lo que ha permitido la instalación de uno este fin de semana en dicho municipio.

Una empresa se aprovechó de la avanzada edad de la afectada para endosarle hasta once productos por 5.500 euros, así como créditos para que pagase, haciéndole firmar cláusulas "ilegibles", según la sentencia.

El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid sentencia a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas y a cesar en su uso "no transparente". Las entidades deberán devolver a los hipotecados las cantidades "indebidamente" abonadas desde el 9 de mayo de 2013. Aquel día el Supremo declaró nulas las cláusulas suelo, pero sólo en los casos en los que el cliente no hubiera sido debidamente informado

Ella es ama de casa y su marido agricultor y encofrador. El matrimonio, apenas sin recursos, no pudo hacer frente a la hipoteca que suscribió con Bankia. La entidad acordó con ellos en julio de 2012 la dación en pago y la pareja entregó la vivienda. Tinsa había tasado el inmueble en 127.000 euros, que era justo la deuda que tenían. Sin embargo, Bankia les colocó durante ese trámite un préstamo personal de 25.000 euros. Una cantidad, dicen los magistrados, "de la que no han recibido importe alguno con lo cual el contrato debe declararse nulo".

Un juzgado de Vallodolid ha anulado la multa de 1.500 euros que la Delegación del Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes impuso a la abogada de la PAH Doris Benegas por la concentración que tuvo lugar en la capital el 14 de diciembre de 2013 bajo el lema No pasarán, no a la ley mordaza, rodea el Congreso. Muy relacionada: www.meneame.net/story/nuevo-varapalo-judicial-delegada-gobierno-madrid

El conocido como 'caso Blesa' ha sido un constante ir y venir desde que el juez Elpidio José Silva decidió iniciar una investigación contra el expresidente de Caja Madrid y encarcelarle hace siete meses. Recursos, archivos, recusaciones e incluso una querella por prevaricación planteados por la defensa de Miguel Blesa y apoyados, en gran parte, por la Fiscalía, han impedido que...

Por primera vez en España, un escrito judicial plantea que resulta "abusivo" no haber informado al cliente en el momento de la firma del contrato de la posibilidad de incluir una cláusula de dación en pago, es decir, que la entrega del inmueble salde la deuda. La Ley Hipotecaria recoge la posibilidad de que las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real” y que de esa forma el particular responda únicamente con el inmueble una vez que el banco se ha adjudicado la vivienda.

Una juez de Fuenlabrada (Madrid) ha apelado por primera vez a un dictamen del Defensor del Pueblo para declarar la nulidad de la compra de participaciones preferentes por parte de un inversor sin conocimientos financieros, al que Bankia deberá devolver 100.907 euros.

En el pueblo, de menos de 1.500 habitantes, el alcalde se puso un sueldo de 1.500 euros y los concejales de 1.200 euros cada uno. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Salamanca ha declarado nulo el acuerdo por el que se establecían las tres dedicaciones exclusivas en el municipio salmantino de Aldeadávila de la Ribera, tras un recurso presentado por el concejal de IU en el municipio, Alfonso Jesús Rincón.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña Luis Pérez Merino declara la nulidad de un contrato dede participaciones preferentes de 2009 en una sentencia emitida el pasado viernes, 12 de abril, en la que obliga a NCG Banco a devolver 28.000 euros a una clienta. De acuerdo con el fallo, la entidad financiera deberá devolver esa cantidad "más los intereses legales" de la misma, "reduciendo o deduciendo el importe de los intereses o rendimientos percibidos" desde aquel año.

Paralizada por primera vez ejecución hipotecaria. El proceso es tan rápido impide defenderse a los hipotecados, según el juez. La vivienda iba a ser subastada de inmediato; ahora, el banco tendrá que acudir a los tribunales ordinarios.

Tanto Puigdemont como el secretario general de Junts, Jordi Turull, han reaccionado a dicha publicación acusando al juez de prevaricación.La defensa del expresident Carles Puigdemont, liderada por Gonzalo Boye, presentará una querella contra el juez Joaquín Aguirre por prevaricación.Todo ello después de conocerse que Aguirre, en una conversación privada desvelada por Canal Red,

Pablo Iglesias, ha calificado la información publicada de “enormemente relevante” ya que se escucha a Aguirre jactarse del uso de su posición para “intentar hacer caer un gobierno”. También ha destacado que estos archivos vuelven a confirmar que hay una parte de la judicatura que utiliza su poder para conseguir objetivos políticos.

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.