Así consta en una sentencia, a la que ha tenidoo acesso Europa Press, que estima las demandas interpuestas por Greenpeace y el Grupo Socialista de Madrid contra el acuerdo de 27 de junio de 2017 del Ayuntamiento de Madrid por el que, previa avocación de competencias, se establece un período de aviso en relación con el acceso a la zona de bajas emisiones Madrid Central.
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