Salvo sorpresa mayúscula, la enésima reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 se aprobará en el Congreso de los Diputados este jueves con varias medidas que buscan actualizar una normativa compleja y parcheada. Desde hace años, los cambios han ido endureciendo las medidas contra la llamada 'piratería' digital, y ahora amenazan con recortar las mínimas garantías judiciales que existen en caso de que se ordene la retirada de un contenido que no respete los derechos de autor.

La ley permite a las mujeres no declarar contra sus parejas, si lo estiman oportuno. La línea de trabajo del Gobierno, en su desarrollo del Pacto de Estado Violencia de Género, fija que esta situación perjudica a las víctimas de violencia de género porque si se niegan a declarar, ante la inexistencia de pruebas. La intención del Gobierno es retirar a las mujeres dicha posibilidad de elección y que declaren obligatoriamente, para evitar que el denunciado escape a la acción de la justicia. Las mujeres denunciantes de violencia de género sólo tend

La izquierda liberal clásica (obsoleta hoy en día) era hace años el principal baluarte del derecho a las garantías judiciales y a un juicio justo. Sin embargo, ha habido una evolución en la izquierda, que ha progresado hacia posiciones más modernas y actualizadas que desechan el derecho a un juicio justo como un elemento secundario que debe ser entendido en el contexto de la acusación. La izquierda moderna no considera ese derecho como algo especialmente relevante, y ante ciertas acusaciones (como la de violación), es precindible.

El exmagistrado repasa su pasado político y judicial y lamenta la banalización de la corrupción....

Lyubov Kovaleva empezó a escuchar los golpes todavía dormida. Se entremezclaban en sus sueños hasta que razonó, incorporándose de la cama, que alguien estaba aporreando la puerta de su casa a las afueras de Vítebsk, en Bielorrusia. Miró el despertador, vio que eran las tres de la mañana y, todavía aturdida, distinguió los gritos: “¡Policía!”...

Las garantías judiciales de la ley Sinde, ¿puro maquillaje?. La Comisión de Propiedad Intelectual, no un órgano judicial, es quien establece si se ha producido una vulneración de la propiedad intelectual

El presunto asesino de la periodista rusa Anna Politkóvskaya está dispuesto a entregarse a cambio de ciertas garantías judiciales, aseguró hoy Murad Musáyev, abogado de la defensa."En la fase inicial de la investigación le dijo al jefe investigador que se entregaría si recibía ciertas garantías, que le fueron denegadas", señaló Musáyev, citado por la agencia Interfax. El abogado insistió en que el fugado Majmúdov aún está dispuesto a participar en el proceso judicial por el asesinato de Politkóvskaya en 2006, si le concede esas garantías.

Se ha hablado mucho de este pacto, sobre todo del reparto de los vocales, que serán 10 para cada partido, fuera de la aritmética salida de las urnas (2 partidos con el 73 % de los votos designarán el 100 % del CGPJ). Lo curioso es que, más allá de ese reparto coyuntural se pactó algún elemento de reforma permanente del sistema de gobierno del Poder Judicial. Y de esto, no se ha hablado prácticamente nada.

El expresident acusa al magistrado de "torcer el derecho" al proseguir con la investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía. El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.

Mientras que Google y Cloudflare han aplicado el bloqueo, Cisco (propietario de OpenDNS) ha acatado la orden judicial desde otro ángulo, que probablemente no es el que esperan las autoridades, retirando por completo el acceso para los usuarios del país. Lo mismo ocurre para los portugueses, donde Canal+ cuenta con una resolución judicial en el mismo sentido. Aunque la nota de Open DNS no explica los motivos de tal decisión, es posible que hayan preferido apagar el servicio a alterar su funcionamiento, haciendo que no respete el protocolo DNS.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.