El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el último intento de reabrir la investigación sobre la operación Kitchen e imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal a partir de los audios con el comisario José Manuel Villarejo que se difundieron en verano.

El número dos del Ministerio del Interior durante la operación Kitchen, Francisco Martínez, considera que el juez de la causa ha evidenciado un doble rasero al recurrir al diario del comisario Villarejo para dictar su procesamiento al tiempo que ha despreciado el contenido del mismo cuando se trataba de exculpar a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP, entre otros.

La congruencia es una exigencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por imperativo constitucional. El juez, como cualquier otra persona, puede no ser congruente cuando no actúa como juez. Pero, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede no serlo. En el proceso penal es donde la exigencia de congruencia o, mejor dicho, la interdicción de incongruencia de la resolución judicial, adquiere su máxima expresión, porque la incongruencia afecta al Estado.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre el espionaje a Luis Bárcenas que ha permanecido secreta durante los últimos nueve meses apunta a la planta noble de Génova. En el desarrollo de las pesquisas ha resultado determinante la declaración del exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien hasta entonces se había negado a declarar y, de cuyo testimonio, el juez Manuel García-Castellón extrae que la operación de espionaje al extesorero del PP pudo idearse en la cúpula del propio partido.

La decisión del juez instructor Manuel García Castellón llega después de la declaración del inspector jefe de esa unidad Manuel Morocho, que ha relatado las maniobras que sufrió para entorpecer la causa de corrupción que amenazaba al PP a través de la figura de su ex tesorero Luis Bárcenas.

La investigación sobre la denominada 'Operación Kitchen', urdida en 2013 para espiar al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle la información comprometedora para el partido que pudiera conservar, ha cogido un impulso con la reciente imputación de la ex secretaria general de la formación política María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Pero antes de interrogarles por su presunta participación en ella, el juez instructor Manuel García Castellón quiere profundizar en si la trama quería apartar

El juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, ha citado a José Manuel Villarejo para que explique sus afirmaciones ayer ante la comisión de investigación del Congreso, entre ellas las que aluden al supuesto intercambio de mensajes con Mariano Rajoy para informar al entonces presidente del Gobierno de los avances en el espionaje parapolicial a Bárcenas, según informan fuentes jurídicas. Villarejo ha sido citado como investigado para el próximo miércoles, 2 de junio.

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, lleva 13 años dedicado a investigar una trama de corrupción masiva que anidó en el PP. El trabajo de Morocho solo se interrumpió 18 meses cuando el PP llegó al poder y los nuevos jefes policiales le destinaron a tareas burocráticas. El policía ha sido durante este tiempo el principal instrumento investigador al servicio de los distintos jueces instructores –Baltasar Garzón, Pablo Ruz, José de la Mata y, ahora, Santiago Pedraz

Reclama al magistrado de la Kitchen documentos del extesorero o información sobre ellos en los teléfonos robados por el chófer, notas de Villarejo o el teléfono del ex número dos de Interior.

El juez trata de averiguar si mandos policiales recibieron gratificaciones durante años con la partida destinada a pagar a confidentes. Trata de avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en Kitchen,la pieza separada en la que se analiza si el Ministerio del Interior puso en marcha un dispositivo con fondos públicos para tratar de robar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para la antigua cúpula del partido. Juez y fiscales sospechan que se hizo un uso espurio de los mismos, de ahí que hayan..

El extesorero del PP niega haber grabado las cintas, pero los investigadores tienen la certeza de que sí lo hizo, en concreto en dos ocasiones: una en marzo de 2010 con Rajoy para abordar su salida del partido y otra en diciembre de 2012 con Arenas cuando estaba a punto de revelarse su fortuna en Suiza. Por orden cronológico, la primera grabación se produjo en marzo 2010 entre Bárcenas y Rajoy. La segunda grabación que busca el juez presuntamente se produjo en diciembre de 2012, cuando Bárcenas se vio con Javier Arenas y estaba a punto de hacer

Siguiendo con mi afán de desmontar bulos "periodísticos" relacionados con mi trabajo, me veo obligado a comentar esta aberración. Cada Registro de la Propiedad de españa, alimenta diariamente una base de datos o fichero llamado "Fichero Localización de Titularidades Inscritas". FLOTI. Este fichero centralizado se alimenta entre otros, con datos de fincas atribuyéndolas DATOS de sus titulares de derechos, entre ellos, lógicamente, NOMBRE, APELLIDOS y NIF. De esta forma, desde cualquier lugar del mundo, se puede solicitar información de las ti

Me acabo de leer las 51 páginas del DISPARATADO Auto del TS redactado por el magistrado Marchena que niega la aplicación de la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, y las 9 del voto particular de la magistrada Ferrer. Menudo despropósito jurídico! Aquí mis 4 comentarios: [HILO]

El juez dijo que tras una revisión de la situación, el hecho de que los exámenes ya han terminado y la escuela está de vacaciones, ordenaba la puesta en libertad del profesor. El tribunal no exigió al Sr. Burke que purgara su desacato con un acuerdo para cumplir los términos de una orden dictada contra él el año pasado, dijo el juez. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior dictaminó que la decisión de la escuela de suspender al Sr. Burke en agosto de 2022 era correcta.

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.