El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

Ursula von der Leyen anuncia en Dresde la autorización a una ayuda pública de 5.000 millones de euros del Gobierno alemán para una fábrica de chips.

En un primer momento se desconocía la identidad del presunto asesino, pero al cabo de unas horas se dio a conocer que era Juan Fortuny de Pedro , un agente jubilado, que tenía sesenta y cinco años, y que era comisario principal de la policía española y había ocupado el cargo de jefe regional en la jefatura del cuerpo en Catalunya. En día de su jubilación, hace poco más de un año, recibió un efusivo aplauso de sus compañeros en la jefatura de la Via Laietana como muestra de reconocimiento.

Esta petición de cambio de sexo condiciona el proceso judicial, ya que, en principio, al declararse mujer, no se le podría aplicar la legislación contra la violencia de género.

Esta investigación se ha realizado en colaboración con The Guardian. Este reportaje se basa en nuestras investigaciones del 24 de junio y el 11 de julio sobre la influencia encubierta del gobierno israelí. El gobierno israelí solicitó asesoramiento jurídico sobre una ley federal estadounidense que exige la divulgación de las campañas de lobby respaldadas por el extranjero, ante la preocupación de que la creciente aplicación de la ley pudiera atrapar a grupos estadounidenses que trabajan en coordinación con el gobierno israelí, según sugieren d

La aplicación de la controvertida normativa supuso más de 125.300 sanciones en 9 años.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, la primera en la UE que obliga a restaurar la naturaleza y no sólo protegerla, entró en vigor hoy tras haber estado cerca de descarrilar en su tramitación, por el Partido Popular Europeo en la Eurocámara y Hungría en el Consejo. La meta es restaurar el 20% de ecosistemas degradados en 2030 y todos en 2050 incluidas tierras de cultivo, corregir la disminución de polinizadores, recuperar 30% de turberas vaciadas para agricultura, no reducir espacios verdes urbanos y quitar barreras artificiales en ríos.

El alto tribunal no valora retractarse en los recursos, aunque teme que en un año el Constitucional le rectifique.

Lo que viene a justificar la diputada del Partido Popular es precisamente la ruptura de la separación de poderes que se está produciendo en España, donde los jueces deciden qué leyes aprobadas por el poder legislativo aplican y cuáles no en base a sus intereses políticos y los de quienes les nombraron, a la sazón, el Partido Popular.

Derecho a Morir Dignamente (DMD) peleó durante décadas por una ley de eutanasia y ahora observa con preocupación la decisión de una jueza de suspender cautelarmente un procedimiento ya autorizado tras superar la paciente todos los exámenes y evaluaciones médicas: "Un juez no puede cuestionar el sufrimiento".

"No tengo conocimiento de ningún lugar peligroso en la ciudad". "Un antiguo compañero me dijo que es el paraíso, iba a la playa todos los días y no tuvo ninguna mala experiencia". Sin embargo, avisa: "Si explota una bomba, me voy". "Dicen que acepté dinero ensangrentado", y contraataca exponiendo la dura realidad que se vive en el país norteamericano: "Tengo familiares y amigos que mueren en Chicago todos los días y nadie habla de ello. Ahora todo el mundo es experto en lo que está pasando en el mundo".

En España se ejecutan 82 desalojos al día, según el Poder Judicial, pero cada uno tiene protagonistas y problemas diferentes

Un experto en bioética señala que la jueza de Barcelona que ha paralizado la eutanasia de una joven a petición de su padre, representado por la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, se ha metido "en un berenjenal"

La sombra de la dictadura de Francisco Franco no ha desaparecido del ámbito educativo de la Región de Murcia, ya que varios centros contravienen la Ley de Memoria Democrática, polémica, para empezar, porque la derecha y ultraderecha no la reconocen y porque su aplicación es bastante flexible, según para qué administración y en qué territorio. El caso más sangrante es el del IES Ibáñez Martín, ministro franquista que culminó la depuración docente, mientras que otro recuerda a Primo de Rivera.