PSOE y Unidas Podemos han forzado hoy el rechazo del Pleno del Congreso a la toma en consideración de un proyecto de ley anticorrupción presentado por Ciudadanos que pretendía blindar a los denunciantes por corrupción y proponía medidas como la prohibición de los indultos a los políticos condenados por estos delitos.

La norma prevé la ampliación de los delitos causantes de inhabilitación de por vida para suscribir contratos con la administración pública y ocupar cargos públicos, además del empleo de agentes policiales encubiertos en casos de corrupción. Refuerza además las penas de cárcel para algunos delitos, prohíbe la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y detiene el curso de la prescripción de las transgresiones a la ley a partir de las condenas en primer grado, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2020...

Todos los partidos cargan contra la corrupción, pero la ley que debe adecuar los mecanismos de la democracia para protegerse de ella lleva empantanada 18 meses. Una repetición de elecciones y el monopolio que el procés soberanista catalán ha ejercido sobre las Cortes han impuesto repetidas prórrogas en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que, esta vez sí, encara ya la recta final de su paso por el Congreso.

Los cargos públicos de la comunidad autónoma aragonesa y de sus empresas públicas no podrán cobrar de sus partidos políticos ni utilizar tarjetas black para redondear sus salarios. Además, les obliga a adelantar de su bolsillo los gastos de representación.

El Parlamento tiene pendiente de debate y tramitación trece leyes anticorrución. Entre los 26 proyectos y las 63 proposiciones de ley a la espera de que sus señorías regresen de las vacaciones navideñas, lo que ocurrirá en la segunda semana de febrero, el Gobierno, liderado en este asunto por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, considera urgente por razones insoportables la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal, del ejercicio del alto cargo y del control financiero de los partidos para poder presentarse en mayo

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Málaga que condena al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, a su exesposa Mayte Zaldívar y a su expareja Isabel Pantoja junto a otras cuatro personas por un delito de blanqueo de capitales.

La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este miércoles definitivamente la llamada ley anticorrupción que, entre otras medidas, introduce la prohibición de que puedan sentarse en el Parlamento políticos que hayan sido condenados en firme. Tras un largo periplo y algunas modificaciones que obligaron a nuevas lecturas del proyecto de ley en el Parlamento, la Cámara baja aprobó hoy la ley por 480 votos a favor, 19 en contra y 25 abstenciones.

Hoy, 26 de Agosto 2010, Access Info le escribió una carta al gobierno Español en el que pide más información sobre el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información. El lunes 16 de Agosto hubieron noticias en la prensa Española que anunciaron la próxima aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, sin embargo desde esa fecha no se ha publicado ninguna información adicional sobre el progreso del anteproyecto.

Un vacío legal deja en papel mojado la normativa sobre los bienes de los ediles. Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo.

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.