“Lo más preocupante” es la situación del Tribunal Constitucional, donde se sientan “dos miembros del Gobierno: un ministro y una directora general de la Moncloa”, cuyo titular, Álvaro García Ortiz, ha sido “reprendido en numerosas ocasiones por el Tribunal Supremo” y cuya imputación “está en cuestión”. Además, ha acusado al Ejecutivo de querer controlar con dinero público, mediante la emisión de deuda, empresas reguladas y de extender las “redes clientelares” del entorno familiar y partidista del presidente Sánchez.
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Pero si alguien está deslegitimado para criticarlo es un político que ha vivido de el toda su puta vida y que aspira a controlarlo, con todo el poder que esa ausencia de separación de poderes le permita.
Bueno, ni de ese ni de ninguno.