El Instituto Galego de Consumo está tardando "más de un año" en tramitar "bastantes quejas" de consumidores a empresas cuando la ley fija un plazo de seis meses, y no está comunicando sus decisiones a los denunciantes. Así lo reveló la Defensora del Pueblo cuando hizo público un recordatorio de deberes legales que dirigió a la vicepresidencia económica de la Xunta, que preside Francisco Conde y de la que depende el Departamento de Consumo, que dirige Manuel Heredia.
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