Los exámenes que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a los contratos de emergencia suscritos por el Gobierno en los años de la pandemia del coronavirus revelaron retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron a uno de cada cinco firmados, y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no hace públicos sus nombres.

El Tribunal Supremo ha rechazado que los contratos de sustitución puedan emplearse para relevar al personal fijo durante sus vacaciones, y ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a considerar como indefinido no fijo a un empleado con el que cubría necesidades estructurales en vez de ampliar la plantilla

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que determina que un retraso "grave" de la empresa en el pago del salario a un trabajador justifica que este resuelva su contrato de trabajo y sea indemnizado con una cantidad equivalente a la del despido improcedente.

Un contrato covid deja un agujero de 5,5 millones de euros en el Gobierno por un gran cargamento de guantes que nunca llegó del aeropuerto de Estambul.

Ha reconocido el derecho de los profesores de religión precarios a ser indemnizados por la injusta reiteración de contratos de duración determinada, condenando al Ministerio de Educación a pagar unos 600.000 euros por la reiteración ilícita de contratos temporales superiores a 36 meses. El juez, recordando la sentencia europea, afirma que "no se justifica la renovación de contratos de trabajo de duración determinada o relaciones para satisfacer necesidades que, en realidad, no son provisionales, sino permanentes y duraderas".

Y es que este organismo ha detectado varias incidencias relativas a estos hechos en su 'Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018', recogido por Europa Press. El informe fiscaliza un total de 102 contratos de los 799 que las entidades gestoras y la Intervención General de la Seguridad Social

A lo largo de 76 paginas el Tribunal de Cuentas ha analizado la inadecuada e irregular ejecución de los contratos formalizados por el IMSERSO para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación del nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (NSISAAD) a través de los expedientes de contratación y subcontratación tramitados entre 2013 y 2018 que suponen 17.201.069 euros.

El pasado mes de junio,el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los responsables de la mayor parte de los hospitales madrileños por presuntos delitos de prevaricación,malversación de caudales públicos,tráfico de influencias y fraude por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016 por la Consejería de Sanidad. 486.562 contratos por 1.402 mil

El Tribunal Constitucional (TC) ha adjudicado a Naturgy (antigua Gas Natural) el suministro de energía eléctrica para su sede y dependencias auxiliares por importe de 340.000 euros. El contrato tiene una duración de un año, pudiéndose prorrogar por otro año más. En caso de prórroga, el valor estimado del contrato superaría los 561.000 euros.

Fuimos el primer colectivo de trabajadores españoles abducidos del mercado laboral legal hace dos décadas. Hasta mediados de última década del pasado siglo nos llamaban recepcionistas, conserjes, porteros, bedeles, ordenanzas. Pero entonces surgieron empresas privadas que, imitando un modelo económico anglosajón, se posicionaron en las relaciones laborales entre nosotros y los clientes, para entre ambos fingir que trabajábamos para aquellas, a fin de separarnos de los convenios sectoriales y aplicarnos sus convenios-basura (...)

La Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dado el visto bueno al informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio en los ejercicios 2014 y 2015. Un informe que cuestiona la transparencia y el proceso de contratación de varias regiones gobernadas entonces por el Partido Popular: Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla, Región de Murcia, y La Rioja.

Uno de los principales argumentos de crítica es la contratación de servicios de empresas privadas, las externalizaciones. Según el informe, la Corporación RTVE realizó más de una decena de adjudicaciones a través de procesos que no fueron publicitados

El M. de Defensa ha vuelto a prorrogar los contratos para la seguridad de sus instalaciones a la empresa ‘low cost’ Marsegur (ahora Novo Segur). Lo hizo en diciembre renovando los servicios para el Ejército de Tierra y tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la AN en la que declara nulo el convenio aplicado por esta empresa a sus trabajadores;el Congreso aprobó en Septiembre una proposición no de ley instando al Ministerio a rescindir los contratos con dicha empresa;los trabajadores califican de “fraude de ley"..

Entre 2011 y 2017,Madrid Destino ha contratado hasta en 17 ocasiones servicios legales externos con el mismo procedimiento con el que lo hicieron los concejales de Ahora Madrid cuando encargaron los dos informes jurídicos por los que el PP les ha llevado a los tribunales.Para el PP,los ediles habrían incurrido en un delito al saltarse las normas de contratación de la entidad pública,aunque los ediles siguieron un procedimiento similar al empleado por los populares cuando gobernaban.Las instrucciones de contratación fueron aprobadas por Botella

El Tribunal de Cuentas señala hasta 20 vías en que la Corporación RTVE se desvió de su normativa para contratar servicios externos entre 2014 y 2015.En el informe el regulador detecta un nivel demasiado bajo de concurrencia en las licitaciones de la empresa pública,contratos troceados sin justificación,falta de “libertad de acceso a las licitaciones” y un uso excesivo del criterio económico como único principio para adjudicar los contratos,entre otras conclusiones desfavorables.El informe llega a calificar de “juicios de valor" los argumentos..

Reciente sentencia publicada en la base de datos del Tribunal Supremo declara el derecho a indemnización de 20 días cambiando el criterio anterior para los contratos temporales ¿Están señalando los tribunales una indemnización fija para todos los ceses de 20 días de salario por año de servicio y otra para los despidos improcedentes de 33? Todavía no de forma muy clara, pero el camino se está marcando, y estas reflexiones se las escuchaba hace pocos días a un magistrado de reconocido prestigio...

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, comparecerá este jueves ante el Parlamento para presentar el 'Informe de fiscalización de la contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria', en el que se denuncia que dicho organismo no justificó adecuada y suficientemente la necesidad de varios de los contratos que firmó entre 2013 y 2014, y tampoco explicó de forma clara cómo calculó los precios de licitación de otros expedientes de contratación aprobados en dichos ejercicios.

El Tribunal de Cuentas ha completado una semana de gran actividad señalando al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El organismo, a pesar de aprobar el “Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicios 2014 y 2015”, ha destacado una serie de supuestos y ausencias en la adjudicación que ha realizado esta institución.

A pesar del ruido en los medios la sentencia sobre los interinos en Europa afectará poco a los temporales con salario bajo y corta duración. El problema real es la precariedad no el cálculo de la indemnización.

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

Los magistrados subrayan que no es necesario que la víctima diga explícitamente "no" ante intentos de besarla. "Lo esencial para que no haya delito es el consentimiento", declaran.

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.

Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.

Emilio Delgado: El traspaso del dinero público hacia los bolsillos cercanos al Partido Popular y el deterioro de los servicios públicos son dos caras de una misma moneda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre acusado de vender contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno. Este falso empleador facilitó al menos 25 contratos fraudulentos en un breve periodo de tiempo, aprovechando la desesperación de quienes buscaban regularizar su situación en España. Las indagaciones de los agentes del grupo UCRIF revelaron que el detenido se presentaba como empleador de una supuesta empresa de reparto de mercancías.

La Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE, tiene a sueldo como «alto cargo» al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Debate publica hoy en exclusiva su contrato, que estipula que tiene que llevar a cabo su labor de manera presencial y también que cuenta con un extra salarial que hace que se triplique la cantidad que percibe mensualmente. Como publicó este periódico la semana pasada, una juez extremeña ha abierto diligencias contra él por malversación

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.