Ha reconocido el derecho de los profesores de religión precarios a ser indemnizados por la injusta reiteración de contratos de duración determinada, condenando al Ministerio de Educación a pagar unos 600.000 euros por la reiteración ilícita de contratos temporales superiores a 36 meses. El juez, recordando la sentencia europea, afirma que "no se justifica la renovación de contratos de trabajo de duración determinada o relaciones para satisfacer necesidades que, en realidad, no son provisionales, sino permanentes y duraderas".
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