La gigante inmobiliario español es acusado de presunto fraude masivo, inminente quiebra financiera y la petición de hasta 8 años de prisión a su CEO, Juan Antonio Acedo, y su expresidente, Juan Antonio Ibáñez. Cobraron 119 millones de euros cada uno a través de sociedades pantalla en Holanda.

CoxAbengoa tiene una sociedad dedicada al sector inmobiliario: Cox Real Assets. El 9 de la lista está directamente vinculado con su presidente

Los hombres, de 26 y 73 años, habrían solicitado ayudas de la Política Agraria Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder), aportando datos falsos en las declaraciones. Así, se habrían atribuido el uso de fincas rústicas en Lugo y Guntín mediante el arrendamiento, sin conocimiento ni consentimiento de sus legítimos propietarios, lo que ocasionó una modificación de la valoración catastral de las mismas.Habrían recibido hasta 30.000 euros con esas ayudas de la UE

Es la empresa gallega con más deuda, unos 35 millones. Fue la Agencia Tributaria la que pidió su separación al apreciar «graves irregularidades». La sociedad nació tras la descomposición del Grupo Mahía en Santiago.

El juez sostiene que el cliente fue víctima de un engaño sofisticado de suplantación de identidad mediante SMS y señala fallos de seguridad por parte de la entidad financiera.

Salem Media distribuyó "2.000 mulas", que afirmaba que los demócratas conspiraron para robar las elecciones de 2020. La empresa de medios de comunicación conservadora responsable del libro y la película "2.000 mulas", en la que se denunciaba una conspiración generalizada de los demócratas para robar las elecciones de 2020 y que fue apoyada por el expresidente Donald Trump, ha emitido una disculpa y ha dicho que detendrá la distribución de la película y retirará tanto la película como el libro de sus plataformas.

Según el ministerio, Toyota, Mazda y Yamaha confirmaron que se han producido trampas en la producción de vehículos que aún se fabrican. El ministerio ha ordenado a estas empresas suspender los envíos de modelos específicos hasta que confirme que cumplen con los estándares de calidad. El ministerio llevará a cabo una inspección in situ de Toyota este martes. Seguirán las inspecciones de otras cuatro empresas.

El imperio económico de la familia Villar Mir, creado por el marqués, empresario y expolítico Juan Miguel Villar Mir, no vive su mejor momento. La familia Villar Mir negocia la venta de Inmobiliaria Espacio solo un año después de vender el 7% que conservaba en OHLA. La puntilla fue la salida del director general de Espacio a principios de este año, Alberto Muñoz, un ejecutivo muy vinculado al grupo de empresas que ahora preside Juan Villar Mir, hijo del fundador, y lidera Javier López Madrid.

La situación por el momento es surrealista: el actor se ha declarado culpable para evitar ir a la cárcel, mientras que la actriz va a ir a juicio porque considera que es inocente. Dos estrategias muy distinas. rel www.meneame.net/story/juez-moreno-citara-declarar-ana-duato-imanol-ari

El precio medio de la vivienda libre subió un 4,3% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar los 1.865,8 euros/m2, según la estadística sobre el valor tasado de la vivienda publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Mientras, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 1,3%, alcanzando su valor más alto desde el primer trimestre de 2010, cuando se situó en 1.865,7 euros por metro cuadrado. Por comunidades autónomas, 11 aumentaron sus precios más que la media nacional en tasa interanual. Así, la

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

El sector inmobiliario está mercantilizando bienes históricos por grandes cantidades de dinero, en ocasiones en detrimento de su preservación y su valor cultural.

Hace un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda con modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que señala que “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador“. Ante las denuncias de cobros indebidos el ministerio no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador a inmobiliarias infractoras que operen en más de una comunidad autónoma, sobre las que tiene competencias para multar.