La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, establece la obligación de implantar canales de denuncia en las empresas y entidades con 50 o más empleados, así como en las administraciones públicas (incluyendo ayuntamientos, universidades, fundaciones públicas, etc.). La Ley afecta también a los canales de denuncia actualmente en funcionamiento en las empresas, independientemente del número de empleados.

¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por esta situación.

El empleado argumentó que el plan de salud al que pertenece «no era lo suficientemente generoso» porque su salario disminuye con el tiempo debido a la inflación.

El próximo 13 de marzo entrará en vigor una ley que obligará a alrededor de 25.000 negocios que tienen más de 50 empleados a crear un nuevo buzón de denuncias donde los trabajadores puedan comunicar cualquier infracción que hayan detectado en la empresa. Éstas serán las nuevas obligaciones.

La eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González sancionada por la eurocámara por acoso laboral a tres de sus asistentes, afirmó que todo parte de una "denuncia falsa". González aseguró que ha sido "injustamente sancionada" y que en un "largo e injusto proceso de casi dos años", no ha tenido "las mínimas garantías procesales" y que "el dossier ha estado dirigido por una asistente parlamentaria de la ultraderecha".

Aunque Inspección de Trabajo determinó "la responsabilidad empresarial de Ramcon Empresa de Servicios SA" en un accidente mortal el 26 de febrero de 2021, la empresa se ha querellado contra la secretária general del Vallès Oriental y la federación de Barcelona del sindicato por haber afirmado que "morir trabajando es asesinato"

La víctima, que trabaja en el campo de una finca de Masdenverge, tuvo una fractura de pierna después de que se la atrapara un tractor que había volcado. El herido trabajaba en situación irregular, ya que no tenía contrato, y después de ser tratado en el hospital el detenido le trasladó a un almacén y le encerró contra su voluntad. Durante el tiempo que estuvo encerrado le amenazó y coaccionó para que no denunciara los hechos y le llegó a ofrecer 20.000 euros.

Una situación de vulnerabilidad que sólo ha beneficiado al empleador, es decir, al Estado. Esta situación de precariedad no afecta a todos por igual, sino que se focaliza sobre todo en las mujeres, puesto que el abuso en la contratación temporal dentro de la administración afecta mayoritariamente a las mujeres. Más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres que, en su mayoría, no viven solas y tienen cargas familiares o son el sustento de familias monoparentales.

Animados por el alcance de las redes sociales y, a menudo, por su anonimato, los trabajadores se atreven cada vez más a denunciar públicamente ciertas conductas empresariales poco éticas que pueden ir desde el acoso y la discriminación, hasta los impagos o la corrupción. Esta práctica recibe el nombre de “name and shame” y, aunque pueda parecer eficaz para defender los derechos de los empleados, es también un arma de doble filo que hay que saber manejar.

UGT - FICA de Catalunya ha denunciado a BonÀrea Corporación ante la Inspecció de Treball por presunta cesión ilegal de 316 trabajadores de diferentes centros del grupo, con sede en Guissona (Lleida). El sindicato explica que ha interpuesto la denuncia después de que el pasado 1 de noviembre estos empleados, que hasta entonces trabajaban para BonÀrea como autónomos, fueran subcontratados por empresas multiservicios en vez de ser integrados en la plantilla. Por su parte, la compañía niega las acusaciones argumentando que el personal subcontratado

Una decena de trabajadores y extrabajadores de Desokupa reclaman a la empresa 200.000 euros en horas extras no pagadas y en vacaciones no disfrutadas. Entre los afectados, dos personas alegan que fueron despedidas de manera improcedente tras reclamar sus derechos laborales. Los perjudicados presentarán una demanda en los próximos días contra esta entidad que realiza desalojos extrajudiciales. Aseguran, además, que su dueño, Daniel Esteve, empleó a dos extranjeros sin papeles, a los que despidió este jueves.

Los afectados por la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus mueven ficha. Asociaciones de profesionales sanitarios y colectivos vinculados a la tercera edad están consultando con despachos de abogados la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado pero dirigidas al Ejecutivo por su gestión de la crisis del Covid-19. Dado que la declaración del estado de alarma por el coronavirus es un caso de fuerza mayor, a priori puede parecer que el Estado está blindado ante cualquier reclamación, pero lo cierto es que no tiene que

Hoy empiezo a ser víctima de nuevo, , d una situación d malversación d fondos por animosidad de determinados personajillos de mi ámbito laboral. Os cuento: - Me dieron destino definitivo en un lugar donde invierto seis horas diarias Como soy diabético tipo I, enfermedad grave reconocida como tal por el estado español, eso me produce descompensación al hacer imposible que realice ejercicio físico, que, junto con la insulina y la dieta, es un pilar imprescindible para el buen control de mi enfermedad.

La Inspección de Trabajo detectó en un polígono industrial de Valls a dos trabajadores de un planta de reciclaje que realizaban jornadas de 12 horas diarias, sin contrato, sin permiso de trabajo y cobrando alrededor de 400 euros mensuales. Así lo denunció el sindicato CGT, que ha hecho público el caso este lunes. La central sostiene que los trabajadores empleados presuntamente 'en negro' por la compañía podrían elevarse hasta cuatro, si finalmente la policía consigue acreditar la relación entre dos personas más y la empresa.

Los trabajadores del servicio, adjudicado a una filial de ACS en julio, aseguran estar sometidos a jornadas laborales de hasta 11 horas por poco más de 500 euros al mes

Nadie quiere ser "el chivato". Ni en el patio del colegio ni, por supuesto, en la empresa. El temor a sufrir represalias desincentiva la presentación de denuncias y, por eso, la directiva de protección al denunciante que previsiblemente recibirá el visto bueno definitivo de los países de la Unión Europea (UE) la próxima semana va a marcar un antes y un después en las relaciones laborales en España

A la empresa pública presidida por el socialista Juan Manuel Serrano se le acumulan las denuncias ante Inspección de Trabajo por parte de sus trabajadores. La delegación sindical de SiPcte en Almería acusa nuevamente a Correos de hacer recuperar a sus empleados las horas que no trabajaron en un día festivo, incurriendo así en una infracción del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Trabajos Ruineros es una cuenta en Instagram que difunde testimonios y ejemplos de explotación laboral para que se conozcan y para poner en contacto a quienes sufren esas situaciones. Un uso interesante de denuncia en una red social a la que se ha acusado de superficial y vacía.

CNT interpone una querella contra la marca de elaborados cárnicos por los indicios de que la empresa podría haber presionado al personal socio-trabajador de Servicarne para que constituyese una “sociedad interpuesta” desde la que seguir utilizando la mano de obra precaria. La resolución de Inspección de Trabajo, que en julio de 2018 confirmó que Servicarne es una falsa cooperativa y que actúa a modo de sociedad pantalla, motivó, presuntamente, a Campofrío a llevar a cabo movimientos que no desmontaran un sistema de contratación que favorece la

La campaña de la naranja está a la vuelta de la esquina y con este pretexto, CCOO PV denuncia las condiciones laborales 'dels collidors' de naranjas después de que la patronal del sector citrícola haya manifestado que estos recolectores son los mejores remunerados de los trabajadores agropecuarios de muchas comunidades. A juicio de CCOO, la patronal no contempla las verdaderas condiciones de trabajo a las que están sometidos estos asalariados: plantaciones densas, cargados de pesados

Afirman en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha que, desde hace tiempo, había «señales» de que algo extraño sucedía en la comisaría de Toledo, también en el mismo edificio. Concretamente, en la Brigada Provincial de Policía Judicial. Su amplia plantilla (cerca de una treintena de funcionarios) está diezmada por un clima «irrespirable», según las distintas fuentes consultadas, lo que «repercute seriamente» en el servicio al ciudadano. Ahora en Toledo hay funcionarios que aseguran sentirse acosados laboralmente y ...

Los jefes con más años en el mercado laboral muestran poca paciencia con los empleados que no respetan los horarios establecidos, especialmente si pertenecen a generaciones mayores como los baby boomers, quienes destacan por su rigidez en la puntualidad.

Los acusados, conscientes de la situación de necesidad de la víctima, un colombiano que acababa de llegar a Madrid en busca de trabajo, le ofrecieron ir a Cuenca para trabajar en la reforma de su casa a cambio de mil euros, obligándole para cerrar el trato a denunciar el extravío de su pasaporte en comisaría y entregarles el documento...

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que la empresa no conculca derechos del trabajador cuando llama únicamente para preguntar cómo se encuentra. El caso es que CC OO denunció el protocolo de la compañía, por vulnerar varios derechos de los trabajadores, ante el Juzgado de lo Social Nº1 de Vigo, que la desestimó.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para debatir sobre el borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada máxima legal, sin merma salarial, hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 horas en 2025.

Una vecina de Sevilla de 42 años, cuyas iniciales son D.M.G., ha sido detenida por la Guardia Civil por un delito de denuncia falsa, que había interpuesto para ocultar un robo de gasóleo en el que estaba implicado su hijo. En este caso también han sido detenidos su hijo de 22 años J.M.R.M., y J.M.V.G., de 20, por un delito de robo con fuerza, según ha informado el instituto armado.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.