Una situación de vulnerabilidad que sólo ha beneficiado al empleador, es decir, al Estado. Esta situación de precariedad no afecta a todos por igual, sino que se focaliza sobre todo en las mujeres, puesto que el abuso en la contratación temporal dentro de la administración afecta mayoritariamente a las mujeres. Más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres que, en su mayoría, no viven solas y tienen cargas familiares o son el sustento de familias monoparentales.
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