Catalunya ha publicado durante la XIV Legislatura un total de 146 normas con rango de ley. De ellas, se han impugnado solo seis ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno de Sánchez. En contraste, destacan en Moncloa, de lo sucedido con las sucesivas legislaturas con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, entre los años 2011 y 2018. Durante ese periodo el Estado interpuso recursos al TC hasta en 44 ocasiones.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, ha resuelto por unanimidad un recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña en el que se impugnaba la decisión de la Mesa de esa cámara de utilizar la fórmula Imperiali para el reparto proporcional de los ocho senadores autonómicos entre los diferentes grupos parlamentarios, que correspondía designar a ese parlamento en la presente legislatura. Este reparto determinó

En primer lugar, el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho (STC 147/1986, de 25 de noviembre) que la amnistía es una «operación excepcional», es decir, algo que cabe en nuestro ordenamiento si concurren circunstancias extraordinarias. Habría que hilar muy fino para encontrar un fundamento razonable que justifique que no sean juzgados o se cumpla condena por ellos y sí se juzgue y, en su caso, se condene a quien participó en desórdenes similares en el contexto de un desahucio o de un conflicto laboral en una época de grave crisis económica

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat contra el real decreto que aprobó el ingreso mínimo vital (IMV). El Gobierno catalán considera que se ha vulnerado sus competencias recogidas en el Estatut.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la mesa de la cámara catalana por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional. El escrito del Ministerio Público, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se apoya en que permitieron sacar adelante diversas mociones impulsadas por el independentismo. Además de Torrent, la acusación se extiende a Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

En su sentencia sobre el decreto de vivienda social de Cataluña, el tribunal de garantías esgrime que el índice de precios es válido solo si tiene carácter "informativo". El Tribunal Constitucional ha anulado la normativa de vivienda que el Govern aprobó en 2019, al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias" para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley. El TC también tumba la obligación de grandes tenedores de ofrecer alquiler social a okupas.

El impuesto catalán, respecto de la electricidad, resulta de aplicación a la producción, al almacenamiento y al transporte, mientras que queda exenta la distribución de energía eléctrica (redes de tensión inferior a 30 kV). Además, tampoco se aplica a todo tipo de instalaciones de generación eléctrica, pues no están sujetas las instalaciones de autoconsumo, las de purines, las renovables, las de biomasa o biogás y las de cogeneración de alta eficiencia.

El presidente del Constitucional traslada a varios magistrados su enfado por la filtración de un proyecto de sentencia redactado por el progresista Conde Pumpido que proponía tumbar una condena firmada por Marchena por el asalto al Parlament de 2011. El proyecto de sentencia filtrado a distintos medios no fue sometido a debate porque su autor lo retiró a finales de verano y mientras el Constitucional en un comunicado inédito avisa de que las filtraciones "propician el enfrentamiento interno"

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles por unanimidad declarar inconstitucional y nula parte de la la reprobación del Rey aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre. Concretamente, se anulan las letras c) y d) del apartado 15 del epígrafe II de la Resolución aprobada por la cámara autonómica, en la que se reprochaba al Jefe del Estado su discurso tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la aplicación del artículo 155 en Catalunya. El alto tribunal ha adoptado su decisión en dos sentencias que desestiman las reclamaciones fundamentales de los recursos presentados por Unidas Podemos y el Parlament de Catalunya.

Según una nota del TC, los acuerdos del pleno del Parlament “alteraron el orden del día de la sesión de dicho órgano y suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales preceptivos para permitir que la citada proposición de ley fuese directamente sometida a debate y votación".

El Tribunal Constitucional, al no ceñirse a rechazar la admisión a trámite del requerimiento del Gobierno central, además de hacer política sobre futuribles al limitar los debates aún no realizados en el Parlament de Catalunya, ha perdido una extraordinaria ocasión para respetarse a sí mismo, y también para elevar, por fin, un cortafuegos contra el incendio provocado por el PP en la Justicia para evitar que M. Rajoy se tuviera que “rebajar” a hacer política con lo de Catalunya. En cambio, a partir de la decisión tomada por el TC se agravan dos

Parecía una salida de tono, pero cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometió que buscaría a Carles Puigdemont en los maleteros, decía la verdad. Agentes de la Policía Nacional han montado controles de tráfico en La Jonquera en la frontera con Francia, este viernes al mediodía dentro del dispositivo para impedir el retorno del expresident de la Generalitat a España para su investidura el próximo martes.

Actualmente en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona. El Ejecutivo ha recurrido, junto con este precepto, otros 23 más de esta norma, que también quedan en suspenso. A su juicio, estos preceptos invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente

Ninguno de los dos tendrá que pagar estas sanciones, que arrancaron el 23 de septiembre, de 12.000 euros diarios para Jové y 6.000 para Vidal.

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado con el apoyo de JxSí y SíQueEsPot (la coalición de la que forma parte Podem) y la abstención de la CUP llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central que ha intervenido la autonomía catalana.

Podemos presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno intervino la autonomía catalana, destituyó al Govern y convocó elecciones el 21D. En el escrito presentado al Alto Tribunal, el partido de Pablo Iglesias pide anular tanto los comicios como el cese de los miembros del Govern, al considerar anticonstitucional esta aplicación de la Carta Magna. Anular por tanto todas las medidas aprobadas por el PP, PSOE y Ciudadanos el 27 de octubre en el Senado.

Las leyes de Vivienda y Cambio Climático son dos de las normas más importantes aprobadas en el Parlament y recurridas por el Parlamento español en el Constitucional. Muchas de estas leyes han tenido un amplio consenso en la Cámara catalana.

El TC ha vuelto a actuar contra leyes aprobadas por unanimidad en el Parlament tras admitir los recursos presentados por el gobierno de Rajoy. El alto tribunal ha suspendido de forma cautelar la ley de emergencia habitacional y la de herencia y vida digital. La primera preveía el uso social de las viviendas vacías de los bancos y grandes propietarios, e iba encaminada a evitar desahucios. Facilitaba el realojo de familias en riesgo de exclusión con alquileres sociales, y la mediación entre los endeudados y las entidades financieras.

La propuesta de sanción para los síndicos de Cataluña que va a discutir el Tribunal Constitucional fija una multa diaria de 15.000 euros para los cinco miembros de la Sindicatura electoral y de 7.000 euros diarios para los delegados provinciales de Arán, Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona.

El Tribunal Constitucional ha anulado la Ley de Transitoriedad aprobada el jueves pasado en el Parlament. El tribunal ha comunicado también las querellas al Govern y a la Mesa del Parlament por el 1-O. El pleno del TC anuló la semana pasada la Ley del Referéndum.

El equipo de Rajoy tiene todo preparado para actuar nada más tramitarse la Ley de Referéndum en el Parlament. La respuesta dependerá de lo que hagan los independentistas. Dos opciones sobre la mesa: recurso ante el TC y anulación de la norma. También se contempla un incidente de ejecución de sentencia y querellas contra altos cargos del Govern.

El alto tribunal admitirá a trámite el recurso presentado por el Gobierno, con aval del Consejo de Estado, y advertirá a la Mesa del Parlament y a los altos funcionarios de que si no cumplen su providencia podrían ser inhabilitados. Los magistrados del tribunal han sido advertidos de que deberán estar localizados a lo largo del verano por si hay que tomar nuevas decisiones sobre Cataluña.

El partido de Puigdemont pretende que se modifique la Ley de Extranjería a su gusto para evitar la llegada de "menas" a la región.

Los magistrados subrayan que no es necesario que la víctima diga explícitamente "no" ante intentos de besarla. "Lo esencial para que no haya delito es el consentimiento", declaran.

Cataluña quiere ‘borrarse’ del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Según confirman a THE OBJECTIVE distintas fuentes parlamentarias, Junts ha exigido a ambos Ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de menores.

Fuentes del PP han informado a EFE del nombramiento de Macías, caracterizado en los últimos meses por ser especialmente crítico con la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, para ocupar la plaza que estaba vacante en la corte de garantías. Macías viene a cubrir la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que fue elegido a propuesta del PP en el Senado y que renunció a su cargo por motivos de salud el 27 de julio de 2022

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.

La paciencia de la ciudadanía tiene un límite; también el menosprecio de la institucionalidad y la parálisis de la acción de gobierno.