El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma 'Tsunami Democràtic' autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un "software remoto" en el móvil de los exdiputados de la CUP en el Parlament David Fernández y Quim Arrufat y en el del exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en la Cámara catalana entre 2015 y 2017 y exlíder de Podemos en Catalunya, Alberto Dante Fachin. También dio luz verde a intervenir al menos 40 dispositivos de otros investigados en la causa.

La red mafiosa desarticulada por la Policía y Europol mantenía un grado de penetración en las instituciones públicas de tal calibre que uno de los presuntos miembros, el joven abogado y empresario Alexey Shirokov, intercambiaba numerosas llamadas con cargos del Partido Popular en distintas localidades turísticas alicantinas.

Lejos de mostrar preocupación, Sandro Marín Rodríguez, que figura en el Registro Mercantil como administrador y accionista único de Magrudis S.L., se jactaba de haber causado la mayor intoxicación por listeria de España que «se ha producido en la vida». El hijo mayor del gerente, José Antonio Marín Ponce, bromea con su tío, entre risas, sobre el impacto que ha tenido la crisis sanitaria durante una conversación telefónica intervenida por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, que había pinchado sus móviles.

Un pinchazo telefónico al dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, revela que tenía conocimiento del brote de listeriosis en sus instalaciones y que, como eran "muy pocos kilos, los tiró". Así lo asegura la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, en el auto en el que ha acordado el ingreso en prisión de José Antonio Marín Ponce y de su hijo Sandro José Marín Rodríguez, donde la magistrada explica que tenían conocimiento “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”.

La imputación por amenazas al director de la Razón Francisco Marhuenda y al presidente de La Razón, Mauricio Casals, se sostienen en grabaciones en las que ambos coaccionan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El Tribunal Supremo avala las grabaciones de lo que ocurre alrededor desde que comienzan a sonar los tonos, aunque no se descuelgue. La capacidad técnica llegó con Sitel, el sistema incorporado en 2004 que permite prolongar la grabación hasta que el agente decida. El fallo del alto tribunal solo autoriza la grabación desde que se termina de marcar el número hasta que los interlocutores ponen fin a la llamada.

Nunca un juez había tenido que sentarse en el banquillo por ordenar unas intervenciones telefónicas. Solo se les habían anulado sus grabaciones. Garzón es el primer caso de la historia porque, hasta entonces, los jueces no habían sido denunciados.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública pondrá en marcha un plan de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS. El objetivo de este plan es aumentar la protección de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes a través de este tipo de estafas.

Las movilizaciones, que comenzaron hace semanas y se recrudecieron el lunes, son las mayores registradas en el país desde la reelección de la primera ministra, Sheikh Hasina, para un cuarto mandato consecutivo en enero en unos comicios que fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición.

La teleco 'low cost' renuncia a la opción de un contrato de alquiler mayorista para el uso de las redes de Masorange y amplía 16 años el acuerdo con Telefónica que expiraba en 2026. Telefónica consigue uno de los objetivos estratégicos a corto plazo del grupo para proteger su negocio mayorista. El grupo ha conseguido cerrar un acuerdo con Digi -la teleco de origen rumano que se ha convertido en la que más crece del mercado español gracias a su política de tarifas de bajo coste- para ampliar a largo plazo el contrato de uso de su red de móvil,

FACUA ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico para ayudarles a denunciar estas irregularidades.

AMYTS denuncia que los profesionales se ven obligados a trabajar con "una grave ausencia de confidencialidad, sin una regulación concreta de la consulta telefónica" o "un criterio establecido de las consultas que se derivan".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años por un delito de violación y a una multa de 180 euros por un delito leve de hurto a un hombre que forzó sexualmente a una joven a la que acababa de conocer tras robarle el teléfono móvil.

Extremadura contará con el número 028 de ayudas a las personas LGTBI+ pero no gracias a Vox, que se ha burlado de esta propuesta realizada por el PP, su socio de gobierno: “¿Qué pasa, que estas personas tienen más derechos que yo?”, ha dicho el diputado de extrema derecha, Javier Bravo, durante su intervención en la Asamblea.

La Policía no entregó al juez las conversaciones por WhatsApp, Signal, Telegram, Proton Mail y Skype. El magistrado ordena su recuperación inmediata. Una de las principales pruebas contra David Morales, el exmilitar español cuya empresa espió las conversaciones de Julian Assange y sus abogados durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, ha desaparecido. La Policía española no entregó al juez que investiga el caso el archivo íntegro del teléfono Samsung S7 que utilizaba Morales para comunicarse con los presuntos agentes de la CIA

Este lunes, 17 de junio, será el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Telefónica con derecho a percibir el primer tramo del dividendo de la compañía con cargo a las reservas de libre disposición, el cual ascenderá a 0,15 euros brutos por título y se abonará el 20 de junio.

Los grandes fondos de Inversión Vanguard Group y Blackrock están presentes en los grupos BBVA y Sabadell, al igual que en Telefónica y Naturgy. Si en el primer caso se ventilan graves problemas de competencia bancaria, empleo y resiliencia financiera con la presencia de dichos fondos, en el caso de Naturgy hablamos nada menos que de la soberanía y transición energética del país, y en el caso de Telefónica su soberanía digital y big data .

El pasado febrero, la madre de un niño fallecido paró al presidente andaluz en los pasillos del Parlamento para denunciar la situación de otras familias con hijos en cuidados paliativos. La consejera de Salud les prometió allí que contarían con atención telefónica 24 horas a partir de marzo. Tres meses después, siguen sin tener noticias

Tres ciberataques con millones de datos de clientes filtrados en 15 días y en tres empresas del Ibex. Santander, Telefónica e Iberdrola señalan a sus proveedores externos, pero el problema es mucho más complejo.

Los nombramientos de la SEPI reducen la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de Indra desde 2021 y en Telefónica en 2024 por debajo del 40%, algo que criticó Ebro Foods en 2022 ante la CNMV.